En 2014, el gobierno dominicano enfrentó con éxito la que pudo ser una grave crisis institucional, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que podía afectar a la nacionalidad o estatus migratorio de miles de personas que habitaban en el país, en su mayoría de origen haitiano.
Para dar respuesta a la situación el gobierno aprobó una ley especial y un completo plan de regularización, que llevó consigo una compleja estrategia de comunicación.
Desde el principio, nos encargamos de esa labor de comunicación, que debía abordar múltiples públicos y objetivos.
Por un lado conceptualizamos y ejecutamos la estrategia y el plan de comunicaciones dirigido a los beneficiarios de la ley Especial 169-14 y del Plan Nacional de naturalización y Regularización de Extranjeros. Esto implicó llegar a un público que en ocasiones desconfiaba de las autoridades o no tenía el español como primera lengua, usando todos los medios posibles a nuestro alcance.
Por otro lado, llevamos a cabo una estrategia de lobby y relaciones públicas nacional e internacional para explicar la postura dominicana no solo ante la opinión pública dominicana, sino también ante instituciones como el CIDH, UE, CARICOM, el Congreso de EEUU, la Unión Europea y varias ONG.
La estrategia se llevó a cabo por más de 18 meses y como resultado, más de 300,000 personas pudieron regularizar su situación documental. Además, la opinión pública dominicana se mostró mayoritariamente a favor del plan y su implementación.En el plano internacional las instituciones multilaterales reconocieron el esfuerzo dominicano y no sólo se evitó la crisis sino que se abrió un proceso de negociación bilateral con Haití sobre temas de interés común, como agricultura, migración, medio ambiente y combate al delito a ambos lados de la frontera.
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